Transitar por las aceras de Santo Domingo se ha convertido en una muestra visible del deterioro de la gestión urbana. Aunque la separación entre peatones y vehículos fue concebida históricamente para ordenar el tránsito, y en la República Dominicana la ley de ornato público de 1944 fijó un ancho mínimo para las aceras, el propio uso de la ciudad revela que esa norma ha quedado, en muchos casos, como letra muerta.
El problema no es solo legal, sino cotidiano. El texto describe aceras de hasta 60 centímetros o menos, cada vez más reducidas para favorecer el espacio vehicular, incluso en sectores y grandes avenidas. A eso se suma la precariedad del mantenimiento y los obstáculos que convierten el desplazamiento a pie en una experiencia de caos e inseguridad. En una ciudad donde la acera es parte esencial del espacio público y de la vida barrial, ese deterioro golpea directamente a quienes dependen de ella todos los días.
La situación plantea una alerta sobre prioridades de gestión y resultados concretos. Si las aceras son, como se expone, un espacio donde se construye ciudadanía y democracia urbana, su abandono obliga a una mayor fiscalización desde la sociedad civil y refuerza el contraste entre cualquier discurso de orden urbano y la realidad que enfrentan los peatones en Santo Domingo.