La Administración de Donald Trump intensificó en los últimos días su ofensiva migratoria con nuevas restricciones para obtener visas, mayores exigencias económicas, prohibiciones de entrada y una revisión más amplia de permisos, en un contexto de fuerte aumento de detenciones y deportaciones. En julio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) registró 49.571 arrestos, la cifra mensual más alta del segundo mandato de Trump, según datos de las universidades de California Berkeley y UCLA.
El endurecimiento no solo amplía el cerco sobre los inmigrantes, sino que vuelve a colocar a la Casa Blanca en tensión con otros contrapesos institucionales. Cientos de demandas presentadas por organizaciones y grupos de defensa, entre ellos la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), han buscado frenar o limitar medidas de la Administración, en un contraste cada vez más visible entre la narrativa de control y las objeciones legales y sociales que provocan estas decisiones.
Uno de los episodios más recientes fue la suspensión temporal, en todo el mundo, de las citas para solicitar visas de inmigrante, una decisión del Departamento de Estado justificada por la necesidad de capacitar al personal consular en nuevos procedimientos. La medida se produjo después de que una jueza federal de Nueva York anulara el 21 de agosto una suspensión que afectaba la tramitación, otro capítulo del choque entre la estrategia migratoria de Trump y la supervisión de los tribunales.