La consulta del PLD prevista para el 18 de octubre quedó atada a una decisión pendiente del Tribunal Superior Electoral sobre dos recursos que buscan anular la convocatoria aprobada por el Comité Central el 22 de febrero. Más de un mes después de que el TSE dejara en estado de fallo los expedientes fusionados, la corte sigue sin pronunciarse cuando faltan menos de dos meses para la votación, en un escenario que coloca el proceso bajo alerta institucional y de fiscalización.
El conflicto no se limita al plano judicial. La decisión de adelantar la escogencia de la candidatura presidencial un año antes de lo previsto en la ley 33/18 tampoco cuenta con consenso entre los precandidatos. Abel Martínez no se registró por desacuerdos y Francisco Domínguez Brito, aunque se inscribió, ha cuestionado abiertamente la medida. José Tomás Pérez afirmó en X que Gonzalo Castillo no estaba de acuerdo con la convocatoria de octubre y advirtió que, si Abel y Gonzalo no participaban, el PLD estaría “enterrando de entrada” al partido con una nueva división.
Aunque Castillo inscribió su precandidatura y se mantiene activo en actividades políticas, la necesidad de aclaraciones públicas desde su entorno refuerza el contraste entre el discurso de orden partidario y la realidad de una organización atravesada por impugnaciones y diferencias internas. Yuri Henríquez sostuvo que el equipo de Castillo trabaja para la consulta del 18 de octubre y que participará conforme a las reglas establecidas por el PLD, pero el episodio vuelve a colocar en primer plano los problemas de credibilidad y cohesión de un partido que busca relanzarse en medio de cuestionamientos institucionales.