El Ministerio Público sostuvo este viernes que espera una sentencia condenatoria en el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat por el colapso de la discoteca Jet Set, y pidió que se imponga la pena máxima prevista para el tipo penal atribuido. Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que la acusación formal y las pruebas ya fueron presentadas ante el tribunal para sustentar la responsabilidad de los imputados.
Pero junto a esa expectativa de condena, el propio representante del órgano persecutor reconoció una señal de alerta institucional: al tratarse de un proceso regido por el antiguo Código Penal, incluso la sanción más alta posible no reflejaría la magnitud del daño causado. El caso dejó 236 personas fallecidas, más de 80 heridas y numerosas familias afectadas, incluidos niños en condición de orfandad, un costo social que vuelve central la exigencia de rendición de cuentas más allá del discurso oficial sobre justicia.
Camacho rechazó además la tesis de abogados que plantean llevar el caso al ámbito civil y defendió la viabilidad de la acusación penal, al recordar que el expediente ya superó las etapas de medidas de coerción y juicio preliminar. Con el receso dispuesto este viernes por el tribunal, el proceso entra en una fase en la que la valoración de las pruebas será decisiva, bajo el contraste ya expuesto entre la promesa de justicia y las limitaciones reales del marco legal vigente.