La Junta Central Electoral suspendió la aplicación del artículo 13 del reglamento sobre firmas encuestadoras y publicación de sondeos, la disposición que impedía difundir encuestas antes del domingo cuatro de julio de 2027, cuando arranca la precampaña electoral. Con esa decisión, los sondeos podrán volver a publicarse mientras no exista una resolución del Tribunal Constitucional.
El giro estuvo acompañado de una contradicción institucional que impone más fiscalización: la suspensión seguirá vigente hasta que el Tribunal Constitucional emita sentencia, pese a que, según la propia JCE, esa alta corte todavía no ha sido apoderada de ningún recurso sobre el asunto. El órgano defendió la medida al sostener que no existe una decisión legal definitiva y afirmó que actúa en un “ejercicio prudencial de responsabilidad institucional, respeto al Estado de derecho y ponderación de los bienes jurídicos involucrados”, en alusión a los derechos de acceso a la información y libertad de expresión.
La resolución, encabezada por el presidente del pleno, Román Jáquez Liranzo, tampoco contó con unanimidad. Los miembros Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises emitieron votos disidentes, en una señal de alerta sobre los límites de competencia dentro del propio organismo. El episodio vuelve a poner frente a frente las reglas anunciadas y su aplicación efectiva, en un escenario donde la discusión electoral se mueve otra vez entre disposiciones cambiantes y vigilancia institucional pendiente.