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Monarquías vigentes en 43 países reabren la alerta sobre poder sin control en pleno siglo XXI

agosto 31, 2026 · Redactor
Monarquías vigentes en 43 países reabren la alerta sobre poder sin control en pleno siglo XXI
Foto: hoy.com.do

El mapa de reyes, emires y sultanes expone el contraste entre símbolos de neutralidad y estructuras con distintos niveles de concentración política, una discusión que refuerza la exigencia de vigilancia institucional

En un siglo XXI marcado por sistemas democráticos y republicanos, 43 países independientes todavía mantienen monarquías con un rey, reina, emperador, sultán o emir como jefe de Estado. El dato, más que una curiosidad histórica, vuelve a poner bajo escrutinio la persistencia de esquemas de poder que van desde funciones ceremoniales hasta modelos donde la autoridad se concentra en una sola figura.

La clasificación de la ciencia política muestra esa diferencia de controles. En las monarquías constitucionales o parlamentarias, como Reino Unido, España, Japón, Noruega o Suecia, el monarca reina pero no gobierna. En 15 países de la Commonwealth, entre ellos Canadá, Australia y Nueva Zelanda, el monarca británico es jefe de Estado simbólico. Pero en las monarquías absolutas, como Arabia Saudita, Omán, Brunéi, Eswatini y el Vaticano, el poder político queda concentrado en la corona, mientras que en sistemas semi-constitucionales como Marruecos, Jordania, Kuwait y Mónaco el monarca comparte funciones con un parlamento, aunque conserva prerrogativas ejecutivas.

La distribución regional también marca un contraste institucional: Europa concentra monarquías parlamentarias con arraigo cultural, mientras Asia y Oriente Medio reúnen los regímenes más absolutistas. El texto señala que la continuidad de estas casas reales se apoya en su capacidad de proyectar neutralidad política e identidad nacional, pero también admite retos en la era digital. Ese punto abre una discusión de fondo sobre cuánto pesan hoy los símbolos frente a la rendición de cuentas efectiva, una tensión que también interpela a gobiernos como el dominicano cuando el discurso institucional intenta imponerse sobre las demandas de vigilancia, transparencia y resultados verificables.