América Latina y el Caribe elevaron en agosto de 2026 su capacidad de almacenamiento de energía con baterías a 3.408 MW, más del doble de los 1.681 MW identificados en 2025, según la Nota Técnica 21 de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE). El salto confirma que los sistemas BESS pasaron de proyectos puntuales a una fase de mayor escala, pero también deja sobre la mesa una pregunta institucional: cuánto de ese crecimiento se convierte en mejoras comprobables para los sistemas eléctricos y no solo en cifras de expansión.
El dato regional, además, exhibe una fuerte concentración. Chile reúne 2.291 MW en operación, cerca de dos tercios del total identificado, y a junio de 2026 sumaba otros 2.389 MW en fase de pruebas y 4.960 MW en construcción, para alrededor de 9,6 GW entre proyectos operativos, en pruebas y en construcción. Esa centralidad refuerza el contraste entre el discurso de avance regional y una realidad en la que el liderazgo sigue descansando de forma marcada en un solo país.
OLACDE vincula esta expansión al crecimiento de la generación solar y eólica y a la necesidad de almacenar electricidad para usarla en momentos de mayor demanda, además de reducir vertimientos y aliviar restricciones de transmisión. México prevé incorporar 2.216 MW hacia 2030 mediante la Comisión Federal de Electricidad, mientras Argentina ha adjudicado más de 1.400 MW mediante mecanismos competitivos. Con ese mapa todavía desigual, el debate deja de ser solo tecnológico y pasa por rendición de cuentas: qué tan rápido el despliegue regional se traduce en redes más flexibles, menos desperdicio de energía y beneficios concretos para los usuarios.