A noventa años de que Arturo Uslar Pietri advirtiera sobre la dependencia petrolera de Venezuela, el crudo vuelve a marcar el destino del país, esta vez bajo un acuerdo que la Casa Blanca describe como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”. Según esa hoja informativa, el pacto asegura “el dominio energético para el próximo siglo, sin costo alguno para Estados Unidos” y otorga al gobierno estadounidense “poderosos derechos de gobernanza” y “propiedad económica” sobre un nuevo actor petrolero privado de Venezuela.
La alarma no se limita al alcance político y económico del anuncio, sino también al vehículo elegido. El acuerdo no fue firmado con una de las grandes petroleras norteamericanas que habían mostrado interés en regresar al mercado venezolano, sino con North American Blue Energy Partners (NABEP), una sociedad de Barbados sobre la que, de acuerdo con la prensa, hay escasa información pública y no existen evidencias de presencia en otros mercados petroleros. A ello se suma que algunos la vinculan antes con Harry Sargeant, mientras sí abunda la información sobre el joven empresario venezolano que la encabeza y cuyos negocios millonarios con el gobierno de Chávez y otros han sido objeto de cuestionamientos.
El episodio reabre un contraste de fondo entre el relato de solución y las preguntas que siguen abiertas sobre quién gana capacidad de decisión, bajo qué controles y con qué nivel de transparencia. En un escenario en el que la sociedad civil y los sectores de vigilancia institucional reclaman rendición de cuentas, el caso vuelve a poner en primer plano los riesgos de opacidad alrededor de recursos estratégicos y el desgaste de un modelo en el que el petróleo sigue siendo, al mismo tiempo, promesa de salida y rehén del poder.