República Dominicana logró un fallo favorable en un arbitraje internacional por más de US$100 millones, luego de que un tribunal rechazara por completo las reclamaciones del empresario francés Yves Martine Garnier contra el Estado dominicano por la terminación de un contrato de recolección de residuos sólidos en Santo Domingo Este. El desenlace evita un golpe económico de gran alcance, pero también devuelve al centro del debate la forma en que se adjudican, ejecutan y concluyen concesiones de servicios esenciales.
El laudo fue emitido el 19 de agosto de 2026, al amparo del acuerdo de inversiones suscrito entre Francia y República Dominicana en 1999. En su decisión, el tribunal estableció que la terminación de la concesión se ajustó al derecho dominicano y obedeció a deficiencias atribuidas a EGTT Dominicana, S.A., empresa vinculada al demandante. El procedimiento había sido presentado el 4 de octubre de 2021 ante la Corte Permanente de Arbitraje, bajo el caso número 2022-01, a partir del contrato firmado entre esa compañía y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.
Además, el tribunal concluyó que los hechos invocados no alcanzaban el umbral requerido para demostrar una violación de las obligaciones internacionales asumidas por el país. El Gobierno recibió la decisión como una victoria, con declaraciones del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, en defensa del Estado y de la seguridad jurídica. Aun así, el caso deja planteado un contraste de fondo entre el discurso oficial y una disputa que terminó en arbitraje internacional por un servicio básico, en un escenario que obliga a revisar la rendición de cuentas sobre la gestión pública involucrada y los controles institucionales sobre contratos de alto impacto ciudadano.