Preservar la estabilidad de precios es la función principal del Banco Central de la República Dominicana, pero esa meta no implica que los precios bajen ni que el poder de compra perdido vuelva por sí solo. El propio enfoque del texto separa inflación y nivel de precios: una canasta que pasa de 100 a 110 pesos y después a 115 continúa encareciéndose, aunque el aumento sea más lento. Para el consumidor, la cuestión no se limita a la variación porcentual, sino al costo acumulado.
Esa distinción obliga a mirar con más fiscalización los resultados reales de la política monetaria. El Banco Central no determina el precio del pollo, el arroz ni los alquileres, pero sí incide sobre la cantidad y el costo del dinero mediante la tasa de política monetaria y el manejo de la liquidez. Ahí surge el dilema de gestión: si retira liquidez o sube tasas para contener presiones inflacionarias, el crédito se encarece y se moderan el consumo y la inversión; si las condiciones lo permiten, puede impulsar la economía. La estabilidad, por tanto, no se mide únicamente en el discurso técnico, sino en sus efectos sobre la vida cotidiana.
El caso de agosto refuerza esa alerta institucional. El BCRD mantuvo su tasa de política monetaria en 5.25 % anual, mientras la inflación subyacente de julio se colocó en 4.96 %, apenas cuatro centésimas de punto porcentual por debajo del techo del rango meta de 4.0 %, con un margen de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo. El dato confirma que la vigilancia sigue siendo necesaria y que, aun dentro del rango, la presión sobre el bolsillo sigue siendo un terreno en el que la ciudadanía tiene razones para exigir resultados, no solo explicaciones técnicas.