Las declaraciones financieras publicadas por la Administración la semana pasada colocaron bajo escrutinio una práctica que ya genera dudas legales: Donald Trump entregó 135.000 dólares en efectivo a tres de sus colaboradoras más cercanas en la Casa Blanca, según documentos citados por medios como The Washington Post y Politico. Natalie Harp, Margo Martin y Chamberlain Harris reportaron haber recibido 45.000 dólares cada una como «regalo en efectivo por las fiestas», pagos identificados en los formularios con Trump como fuente.
La controversia no se limita al monto. Las sumas equivalen a cerca del 30 % de los 150.000 dólares que cada una recibe anualmente por sus cargos, en un contexto en el que la ley federal establece prohibiciones claras a pagos complementarios al salario de empleados públicos. Expertos en ética ya han expresado dudas sobre la legalidad de estas entregas, lo que refuerza un contraste entre el manejo personal del poder y las exigencias institucionales de transparencia que suelen reclamar el Congreso y la sociedad civil cuando aparecen beneficios extraordinarios dentro del aparato estatal.
El caso también expone el peso de un círculo de asistentes con acceso habitual al mandatario y vuelve a mezclar gestión pública con dinámica de imagen y cercanía política. Harp, de 35 años, ya había quedado en el centro de una polémica viral; Martin, de 31, acompaña a Trump para grabar contenido para sus redes; y Harris, de 26, se desempeña como asistente ejecutiva. A esto se suma que, de acuerdo con The Washington Post, Trump también entregó 20.000 dólares a Walt Nauta, director de operaciones del Despacho Oval, otro dato que amplía la presión por explicaciones y alimenta la alerta institucional sobre cómo se administran los límites entre lealtad personal, espectáculo político y función pública.
