Los resultados de PISA 2025, en el que participaron 91 países y economías y más de 760.000 estudiantes, vuelven a colocar bajo escrutinio la capacidad real de los sistemas educativos para formar jóvenes con competencias científicas. La propia OCDE advierte que, en muchos casos, los resultados son insatisfactorios y que el deterioro no comenzó con la COVID-19, sino antes, lo que refuerza la necesidad de fiscalizar políticas que durante años no han corregido problemas profundos y persistentes.
El informe también introduce una señal de alerta sobre el uso de dispositivos digitales y de la inteligencia artificial: el uso excesivo y la distracción digital aparecen asociados a peores resultados, mientras un uso moderado y orientado al aprendizaje puede tener efectos distintos. En ese contexto, el bajo desempeño de buena parte de los sistemas educativos latinoamericanos frente a los países de la OCDE no se reduce a una posición en un ranking, sino a una brecha concreta en la capacidad de comprender fenómenos, interpretar evidencias y resolver problemas.
El propio texto advierte que sería un error buscar autoabsoluciones por mejoras parciales en uno u otro indicador, una práctica que ya se hizo en el pasado sin efectos significativos. La advertencia tiene implicaciones directas para cualquier país que aspire a elevar su productividad y su capacidad científica y tecnológica: si los resultados siguen siendo bajos, el costo no es retórico, sino una oportunidad perdida para el futuro y una señal de desgaste institucional que exige rendición de cuentas sobre las prioridades reales del sistema educativo.