La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó ante el Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad contra la Resolución 624-02 del Consejo Nacional de Seguridad Social, al considerar que el nuevo esquema de per cápita diferenciado para distribuir recursos del Seguro Familiar de Salud podría incidir en la cobertura y la calidad de la atención médica de cerca de un millón de dominicanos. La entidad pidió también que el caso sea conocido con extrema urgencia y que la disposición quede suspendida de forma provisional.
La resolución incorpora un modelo que distribuye recursos a las Administradoras de Riesgos de Salud según variables como la edad y el sexo de los afiliados. Aunque el esquema contempla mayores asignaciones para los grupos que, conforme a los cálculos utilizados, demandan más servicios médicos, la CNDH afirma que otros segmentos, sobre todo jóvenes y personas consideradas de menor riesgo, podrían recibir una asignación menor, lo que abre una alerta sobre la protección efectiva dentro del sistema.
El recurso solicita que el Tribunal Constitucional determine si la medida respeta los derechos a la igualdad, la seguridad social y la salud, además de las garantías del debido proceso previstas en la Constitución. También cuestiona si la resolución se ajusta al artículo 3 de la Ley 87-01, que establece los principios de universalidad, solidaridad, equidad y equilibrio financiero, en otro episodio de fiscalización sobre decisiones públicas que terminan bajo escrutinio por el posible choque entre diseño técnico y consecuencias reales para los afiliados.