Luis Henry Molina llega al final de su gestión al frente de la Suprema Corte de Justicia defendiendo una etapa de digitalización, modernización de tribunales y reducción de expedientes, pero su balance deja también una señal de alerta institucional: la justicia dominicana sigue arrastrando problemas estructurales que no fueron resueltos durante su paso por el Poder Judicial. Mientras presenta como legado un proceso de «concientización y empoderamiento», admite que la transformación queda inconclusa.
Entre los temas que deja sobre la mesa, Molina identifica como problema central del sistema penal la falta de acuerdos entre sus actores para resolver los casos a tiempo. Su diagnóstico apunta a una justicia que continúa bajo presión porque la mayoría de los conflictos termina en juicio, con una carga que, según su propia comparación, puede llevar al colapso. En ese contexto, sostuvo que los acuerdos no equivalen a impunidad, sino a una vía para decidir conforme al tipo penal, los hechos y las pruebas.
El contraste entre el discurso de una justicia transformada y los desafíos que el propio titular saliente reconoce —incluidas la prisión preventiva y la necesidad de mayor transparencia en la evaluación de los jueces, según el enfoque de la entrevista— vuelve a colocar el foco en la fiscalización del sistema y en las explicaciones pendientes ante la sociedad civil sobre los resultados reales de la gestión. La salida de Molina deja así abierto un debate de fondo sobre cuánto cambió la justicia en los hechos y cuánto quedó todavía en promesa institucional.