La contratación de 3,000 megavatios (MW) adicionales de generación eléctrica en Puerto Rico quedó bajo mayor escrutinio después de que la Junta de Supervisión Fiscal advirtiera sobre el riesgo de una sobreconstrucción del sistema, particularmente en proyectos apoyados en combustibles fósiles. La movida se añade a más de 3,200 MW ya comprometidos en proyectos y contratos de generación, almacenamiento y renovables, en un panorama que reaviva dudas sobre planificación, costos y capacidad de pago de los abonados.
En cartas remitidas el 1 y el 17 de julio de 2026 a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y a la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta indicó que seguían pendientes asuntos esenciales como acceso a puertos, infraestructura y logística de combustible, permisos, interconexión, criterios de cualificación técnica y financiera, costos, viabilidad de ejecución y capacidad de pago. También sostuvo que sus observaciones anteriores habían sido ignoradas y que, al 20 de agosto, todavía no había recibido respuesta. A eso se suma que la Autoridad P3 no había hecho un anuncio público sobre el proceso, aunque esperaba escoger a los licitadores ganadores a finales de julio.
La advertencia institucional adquiere mayor relevancia porque el nuevo proceso avanza en paralelo con otros proyectos ya aprobados: más de 1,000 MW de almacenamiento en baterías a gran escala, la planta de gas Energiza de 528 MW, 244 MW de nuevas unidades pico alimentadas con combustibles fósiles y más de 1,500 MW adicionales. Ese cuadro acentúa el contraste entre la expansión en marcha y las dudas que todavía permanecen sobre ejecución, transparencia y sostenibilidad del sistema.