PISA 2025 dejó una señal que exige examinar la respuesta del gobierno dominicano en educación: en la República Dominicana, los estudiantes reportan un uso relativamente elevado de inteligencia artificial en sus trabajos escolares, mientras el país sigue registrando niveles muy bajos de aprendizaje en ciencias. El cruce no demuestra que la IA provoque peores resultados, pero sí pone sobre la mesa una distancia entre adopción tecnológica y desempeño real que no puede ser disimulada con un discurso de modernización.
El propio análisis aclara que se trata de una correlación entre sistemas educativos, no de una relación causal. Esa precisión, sin embargo, no atenúa la alerta institucional. Por el contrario, lleva la discusión a lo esencial: por qué, en el caso dominicano, una herramienta ya presente en las aulas no se traduce en mejores aprendizajes. La comparación con países mencionados en el texto, como Japón, Singapur y Emiratos Árabes Unidos, refuerza que el problema no es la existencia de la IA en sí, sino la capacidad del sistema para convertirla en una oportunidad educativa.
Es ahí donde el debate deja de ser tecnológico y pasa a ser de gestión y resultados. Si la IA puede abaratar la obtención de respuestas, pero no el costo intelectual de determinar si merecen confianza, la tarea pendiente es pública e institucional. El dato de PISA 2025 abre un flanco de rendición de cuentas sobre las políticas que se adopten y sobre la distancia entre cualquier narrativa de cambio y una realidad de aprendizajes todavía rezagados, un terreno sensible para quienes defienden la necesidad de un Estado más estable, con prioridades claras y resultados verificables.