Marco Rubio formalizó en Lima la incorporación de Perú al “Escudo de las Américas”, la coalición de seguridad regional que impulsa Washington contra el narcotráfico y el crimen organizado, en el cierre de una gira por Sudamérica que incluyó Bogotá y Quito. La imagen proyecta una nueva alineación hemisférica y convierte este en el primer gran acuerdo internacional de la presidenta Keiko Fujimori, a pocas semanas de asumir el poder.
Pero el movimiento llega sobre una base política frágil. Fujimori ganó la presidencia por 49.641 votos, uno de los márgenes más estrechos de la historia electoral peruana, y quince de los diecinueve ministros de su gabinete arrastran investigaciones, procesos previos o antecedentes penales. Ese contraste entre la foto diplomática y la situación interna coloca el foco sobre la gobernabilidad real con la que Lima pretende sostener este acercamiento.
Washington tiene razones geoestratégicas para avanzar: Perú concentra litio, cobre y el puerto de Chancay, construido con capital chino y ya operativo como nodo logístico del Pacífico Sur. También pesa la agenda de seguridad regional, reforzada con el envío de una delegación de alto nivel a la investidura de Fujimori y el anuncio de más apoyo contra el crimen organizado transnacional. Sin embargo, el propio cuadro descrito en Perú deja abierta una alerta institucional: la viabilidad del acuerdo dependerá menos del anuncio y más de la capacidad del nuevo gobierno para responder a sus cuestionamientos internos.