El debate sobre los combustibles vuelve a exponer una brecha entre la explicación oficial y lo que termina pagando la población. Aunque el precio se justifica cada semana por el mercado internacional y el costo del petróleo, el propio esquema descrito en la nota muestra que una parte relevante del valor de cada galón responde a una estructura fiscal que se ha mantenido durante décadas bajo distintos gobiernos, con impacto directo sobre el costo de vida.
El texto señala que, cuando el petróleo baja con fuerza, la reducción en la bomba suele sentirse tarde y en menor proporción, mientras que las alzas se trasladan con rapidez. Para el consumidor, el resultado es desigual: rara vez recibe el alivio completo y casi siempre asume el golpe completo. En ese contexto, la falta de una cifra oficial única sobre cuánto retiene el Estado refuerza la exigencia de mayor transparencia a Hacienda y al gobierno dominicano sobre la composición real del precio.
Según la estimación citada, entre un 32 % y más de un 40 % del precio de cada galón corresponde a impuestos y cargos públicos, dependiendo del combustible y la semana. En el caso de la gasolina premium del 10 al 16 de octubre, vendida a RD$358.10, el cálculo presentado ubica en unos RD$134 por galón, cerca del 37 %, la porción vinculada al monto fijo de la Ley 112-00, al selectivo de 16 % ad valorem y a los RD$22 por galón destinados al fondo de transporte que administra el INTRANT. Bajo ese cuadro, la discusión sobre el “subsidio” anunciado por el Gobierno —RD$31.81 por galón de gasolina premium cuando costaba RD$353.10 la semana anterior— queda atravesada por una pregunta de rendición de cuentas: cuánto del alivio comunicado compensa, en realidad, una carga que ya se cobra por adelantado al ciudadano.