La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dejó para el 18 de noviembre el fallo sobre el recurso del Ministerio Público que busca revocar la condena de más de RD$7.5 millones impuesta a la Procuraduría General de la República a favor de Juan Francisco Álvarez Carbuccia, procesado en el caso Intrant seguido contra Hugo Beras, Jochi Gómez y otros imputados. La decisión mantiene abierto un frente de presión institucional en torno al manejo de bienes incautados y al costo que puede recaer sobre el Estado.
El tribunal, integrado por Indhira Montás, Rafael Báez y Luz Almonte, conocerá la apelación contra la decisión emitida el 23 de julio de 2026 por la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que ordenó el pago de RD$7,560,000 a Carbuccia. Según John Frías, abogado del imputado, de los 16 bienes incautados se han devuelto 15 y solo falta un celular Samsung S3 del año 2012. También sostuvo que las devoluciones comenzaron el 18 de mayo, once meses después de que un tribunal obligara a hacerlo y cuando ya habían iniciado la liquidación de esos bienes.
Frías dijo que espera que en noviembre se ratifique la condena porque el órgano persecutor “no devolvió los bienes” reclamados por su cliente. El monto ordenado por la jueza correspondía a la liquidación de un astreinte vinculado con uno de los acusados del caso Intrant. Con el fallo aún pendiente, el expediente vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad de respuesta de las instituciones en un caso de alto perfil y refuerza la exigencia de rendición de cuentas sobre decisiones que terminan teniendo impacto económico para el Estado.