La más reciente edición de RD Debate 2026 evidenció que la minería sigue siendo un terreno de choque en República Dominicana, no solo por sus promesas económicas, sino por las exigencias de fiscalización sobre el agua, el cumplimiento de las leyes y los derechos de las comunidades. En el encuentro, organizado por El Nuevo Diario y el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd), participaron representantes del sector minero, académico y ambiental, en una discusión marcada por posiciones encontradas sobre el alcance real de una actividad presentada como motor de desarrollo.
En el panel estuvieron el director general de Minería, Rolando Muñoz; el ingeniero geólogo Osiris de León; la comunicadora y ambientalista Denisse Larrauri; la abogada y expresidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Elizabeth Mena; el director del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD), Fernando A. Peña Segura, y el director de la Comisión Ambiental de la UASD, Luis Carvajal Núñez. La composición del debate reflejó que, junto al discurso sobre inversión, infraestructura y empleos, persisten advertencias sobre la necesidad de investigaciones científicas, evaluaciones técnicas y apego a las disposiciones constitucionales y legales.
Muñoz defendió una visión de minería sostenible y planteó que los proyectos deben medirse por sus impactos ambientales y sus aportes al desarrollo económico y a las oportunidades de las comunidades. Mena, por su parte, destacó beneficios como empleos, ingresos fiscales, capacitación, transferencia de tecnología e infraestructuras. Pero el propio eje del debate dejó en evidencia que esos argumentos conviven con reclamos de vigilancia pública y con una discusión abierta sobre si el país está garantizando, al mismo tiempo, protección de los recursos naturales, seguridad jurídica y respeto a las comunidades afectadas.