La entrada en vigor de la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, vuelve a poner bajo presión la capacidad del Estado para vigilar el uso de los recursos públicos. Así lo advirtió este jueves Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), al sostener que el nuevo marco legal exige fortalecer los mecanismos de auditoría, la fiscalización del patrimonio de los funcionarios y la coordinación entre la Cámara de Cuentas y los órganos responsables de perseguir la corrupción.
Durante una conferencia magistral en la Segunda Jornada de Actualización en Derecho Público de la Cámara de Cuentas, Castaños Guzmán señaló que las disposiciones sobre corrupción, contratación pública, sobrevaluación, malversación de fondos y conflictos de intereses obligan a reforzar las capacidades técnicas de las instituciones llamadas a supervisar los recursos estatales y detectar posibles irregularidades. El señalamiento introduce una alerta institucional sobre la respuesta real del aparato público ante exigencias legales más severas.
El jurista también subrayó la función de la Cámara de Cuentas en la revisión de las declaraciones juradas de patrimonio, especialmente para identificar inconsistencias entre bienes declarados, ingresos lícitos y evolución patrimonial. Aunque precisó que no toda irregularidad administrativa constituye una infracción penal y que las responsabilidades administrativas, civiles, patrimoniales y penales responden a criterios distintos, su planteamiento refuerza la exigencia de vigilancia y rendición de cuentas sobre la gestión pública.