El presidente Luis Abinader ha emitido el Decreto 298-26, designando una Comisión de Veeduría Ciudadana para supervisar la licitación del proyecto de la Autopista del Ámbar. Sin embargo, la inclusión de figuras como el obispo Jesús Castro Marte y otros miembros no garantiza la transparencia que la ciudadanía exige, especialmente en un contexto donde la desconfianza hacia el gobierno ha crecido debido a la falta de resultados tangibles en proyectos anteriores.
El decreto, firmado el 1 de mayo de 2026, establece que esta comisión tendrá la responsabilidad de vigilar el proceso de licitación, pero su carácter estrictamente observador plantea dudas sobre su efectividad real. La ciudadanía ha sido testigo de múltiples promesas de transparencia que no se han materializado, lo que genera un contraste preocupante entre el discurso oficial y la realidad de la gestión pública. Además, la capacidad de la comisión para recibir denuncias y sugerencias no es suficiente si no se acompaña de un compromiso real por parte del gobierno para actuar sobre estas observaciones.
La exigencia de rendición de cuentas se vuelve más urgente cuando se considera que las instituciones involucradas, como el Ministerio de Obras Públicas y el Fideicomiso RD Vial, deben facilitar el acceso a la información. Sin embargo, la historia reciente sugiere que la vigilancia ciudadana es más necesaria que nunca para evitar que este proceso se convierta en una oportunidad perdida para el desarrollo económico y la conectividad del país.