La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional ha dictado medidas de presentación periódica y una garantía económica de 300 mil pesos contra Inocencio Lebrón Montero, profesor acusado de agredir sexualmente a una estudiante del Instituto Politécnico Víctor Estrella Liz. Sin embargo, la decisión ha suscitado interrogantes sobre la efectividad del sistema judicial y la protección de las víctimas en casos de agresión sexual.
El abogado defensor argumentó que el tribunal tomó esta decisión debido a la falta de pruebas contundentes que respaldaran la denuncia, lo que pone de manifiesto una posible falta de rigor en la investigación por parte del Ministerio Público. A pesar de que el acusado saldrá en libertad, la situación ha tenido un impacto negativo en su reputación y la de su familia, lo que resalta la necesidad de una mayor vigilancia y rendición de cuentas en el manejo de estos casos sensibles.
El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva, alegando que el profesor había abusado de su posición de confianza para acercarse a la víctima. Sin embargo, la defensa sostiene que las pruebas presentadas, incluidas conversaciones de Whatsapp, no son suficientes para mantener al profesor bajo custodia. Este escenario plantea una alerta institucional sobre la capacidad del sistema judicial para abordar adecuadamente las denuncias de agresión sexual y proteger a las víctimas, evidenciando un desgaste en la gestión de justicia y la urgencia de una revisión de los procedimientos actuales.