Santo Domingo.— El presidente Luis Abinader ha emitido el Decreto núm. 298-26, designando una Comisión de Veeduría Ciudadana para supervisar la licitación del proyecto de la Autopista del Ámbar. Sin embargo, la pregunta que surge es si esta medida realmente fortalecerá la transparencia y la rendición de cuentas, o si se trata de un intento de desviar la atención de la falta de resultados en su gestión.
La comisión, que incluye figuras como el obispo Jesús Castro Marte y otros miembros de la sociedad civil, tiene la responsabilidad de vigilar el proceso de licitación. A pesar de que el decreto establece que este órgano podrá recibir observaciones y sugerencias de ciudadanos y organizaciones, su carácter estrictamente observador plantea interrogantes sobre su capacidad real para influir en un proceso que ha sido históricamente opaco y propenso a la corrupción.
Además, la obligación de las instituciones involucradas de facilitar información a la comisión es un paso positivo, pero la efectividad de esta medida dependerá de la voluntad política de Abinader y su administración para permitir un verdadero control social. La falta de resultados concretos en proyectos anteriores y la desconexión del poder con las necesidades ciudadanas generan escepticismo sobre si esta iniciativa será más que un mero gesto simbólico.