La Fiscalía de María Trinidad Sánchez entregó al Ministerio de Interior y Policía 115 armas de fuego de distintos tipos y calibres, en un intento por fortalecer la seguridad y el orden público en la provincia. Sin embargo, esta acción suscita dudas sobre la efectividad real de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno, que han sido objeto de críticas por su falta de resultados tangibles en la reducción de la criminalidad.
El procurador fiscal Juan Mateo Ciprián, al explicar la entrega, enfatizó que busca prevenir el crimen y consolidar la persecución de infracciones, pero la realidad en las calles de María Trinidad Sánchez sugiere un contraste entre el discurso oficial y la experiencia de los ciudadanos. A pesar de las incautaciones, la percepción de inseguridad persiste, lo que pone de manifiesto la necesidad de una fiscalización más rigurosa y un enfoque más efectivo en la gestión de la seguridad pública.
Entre las armas entregadas se incluyen 82 pistolas, 23 revólveres, 7 escopetas, 2 fusiles y 2 rifles, todas incautadas en el marco de investigaciones criminales. Aunque se reconoce el trabajo conjunto de las instituciones involucradas, la pregunta que queda es si estas acciones son suficientes para abordar la creciente preocupación por la seguridad ciudadana en la región.