El presidente Luis Abinader ha ordenado la «detención inmediata» de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero en San Juan, una medida que se produce tras semanas de protestas y denuncias por parte de la ciudadanía. Esta decisión, aunque presentada como un acto de escucha y responsabilidad, plantea interrogantes sobre la falta de acción previa del gobierno ante el descontento popular.
Abinader justificó su decisión al señalar que, de acuerdo con la ley 64-00 de medioambiente, un rechazo masivo por parte de la población hace inviable la continuación de proyectos de esta naturaleza. Sin embargo, la situación pone de manifiesto un contraste entre el discurso oficial de atención a las inquietudes ciudadanas y la realidad de una gestión que ha permitido que este proyecto, con orígenes en concesiones otorgadas en 2005 y renovadas en años posteriores, llegara a este punto de conflicto. La falta de resultados concretos en la gestión ambiental y la necesidad de una mayor fiscalización son evidentes, lo que resalta la urgencia de una rendición de cuentas más efectiva por parte del gobierno.