El presidente Luis Abinader anunció la suspensión inmediata de todas las actividades relacionadas con el proyecto minero Romero en San Juan, una medida que, aunque se presenta como un compromiso con la voluntad ciudadana, plantea interrogantes sobre la efectividad de su gestión y la atención a las inquietudes de la población. La decisión se produce tras una marcha organizada por grupos sociales que expresaron su rechazo al proyecto, lo que sugiere que la presión ciudadana ha sido un factor determinante en esta acción.
Abinader afirmó que su gobierno escucha a la ciudadanía y actúa con responsabilidad, pero esta situación resalta un contraste entre su discurso y la realidad, donde las decisiones parecen ser reactivas más que proactivas. La historia del proyecto, que se remonta a concesiones otorgadas en 2005 y renovadas en años posteriores, evidencia una falta de vigilancia y control sobre los intereses mineros en el país.
La respuesta del gobierno, aunque positiva en términos de detener el proyecto, deja en el aire la pregunta de qué otras medidas se están tomando para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de recursos naturales. La reciente manifestación, que culminó en incidentes con la policía, subraya la necesidad urgente de un diálogo real y efectivo entre el gobierno y la ciudadanía, así como la importancia de una vigilancia constante sobre las decisiones que afectan el medio ambiente y la comunidad.