En 2034, el Día de los Trabajadores ha pasado desapercibido, un reflejo de cómo las decisiones del gobierno han priorizado el ocio de unos pocos sobre los derechos laborales de muchos. Yarisol, empleada en un Call Center de Santo Domingo, es un ejemplo claro de esta realidad. Antes de iniciar su jornada, su estado emocional y físico ya ha sido evaluado por la empresa, que utiliza tecnología de vigilancia para medir su rendimiento interno en lugar de fomentar un ambiente de trabajo saludable.
La empresa ha implementado un programa denominado ‘Bienestar Laboral’, que en realidad se traduce en un control exhaustivo sobre la salud emocional de los trabajadores. Yarisol, al igual que muchos de sus compañeros, firmó un consentimiento sin leerlo, lo que pone de manifiesto la falta de transparencia y la presión que enfrentan los empleados. A través de dispositivos que monitorean su pulso y su estado emocional, la empresa no solo vigila su desempeño, sino que también establece un sistema de alertas que puede poner en riesgo su estabilidad laboral si no cumple con las expectativas impuestas.
Este tipo de vigilancia laboral plantea serias preguntas sobre el costo social de estas prácticas. Mientras el gobierno promueve un discurso de bienestar y productividad, la realidad es que los trabajadores como Yarisol enfrentan un ambiente hostil que afecta su salud mental y emocional. La desconexión entre lo que se dice y lo que se vive en el día a día de los empleados es alarmante y requiere una urgente rendición de cuentas por parte de las instituciones que deberían proteger los derechos laborales en el país.