LA HABANA.- Las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Cuba han vuelto a poner bajo escrutinio a estructuras económicas clave del Estado cubano, en medio de preocupación e incertidumbre entre las empresas internacionales que operan en la isla. El primer anuncio incluyó al conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Gaesa, y a su presidenta, Ania Guillermina Lastres, en una señal que también reabre el debate sobre la falta de transparencia en áreas decisivas de la economía.
Según expertos citados en el reporte, Gaesa controla más del 40 % del producto interno bruto (PIB) de Cuba, con presencia en hoteles, telecomunicaciones, distribución minorista en dólares, venta de combustible, aduanas, sector inmobiliario, logística y transporte de pasajeros. Pese a ese peso económico y a su carácter estatal, Gaesa no publica resultados empresariales y no es auditada por la Contraloría General, de acuerdo con la confirmación ofrecida a EFE por ese órgano público.
La nueva lista también alcanzó a la empresa estatal Moa Nickel SA, vinculada a la explotación de yacimientos de níquel y cobalto. En ese contexto, la minera canadiense Sherritt anunció la suspensión inmediata de su actividad en la isla por el riesgo derivado de las sanciones. El movimiento de Washington, presentado como parte de una presión creciente sobre Cuba, deja ahora en primer plano no solo el alcance de la medida, sino también la vulnerabilidad de un modelo económico concentrado en entidades estatales sin rendición de cuentas pública equivalente a su peso real.