Las primeras sanciones anunciadas por EE.UU. al amparo de la Orden Ejecutiva 14404 no solo incrementan la presión sobre Cuba, sino que también reabren el debate sobre la falta de transparencia en estructuras empresariales que concentran áreas estratégicas de la economía. Entre los primeros sancionados aparecen Gaesa y su presidenta, Ania Guillermina Lastres, en una decisión que ha generado preocupación e incertidumbre entre las empresas internacionales que operan en la isla.
De acuerdo con expertos citados en la información, Gaesa controla más del 40 % del producto interno bruto (PIB) de Cuba y mantiene intereses que incluyen hoteles, telecomunicaciones, distribución minorista en dólares, venta de combustible, aduanas, sector inmobiliario, logística y transporte de pasajeros. Aun con ese peso económico y su carácter estatal, la empresa no publica resultados empresariales y no es auditada por la Contraloría General, según la confirmación ofrecida a EFE por ese órgano público.
La nueva ronda de sanciones también alcanzó a la estatal Moa Nickel SA, vinculada a la explotación de yacimientos de níquel y cobalto de la isla. En ese marco, la canadiense Sherritt, socia en una empresa mixta creada por el Gobierno cubano para explotar esos recursos, anunció la suspensión inmediata de su actividad en Cuba. El episodio refuerza las alertas sobre el costo operativo e institucional de un modelo que combina alta concentración, escasa rendición de cuentas y creciente exposición a medidas externas.