La Junta Central Electoral advirtió que la reducción de más de un 50 % de la partida que el Estado debe entregar a los partidos políticos tendría un impacto negativo sobre la certidumbre, la legalidad, la equidad, la seguridad jurídica y la integridad electoral. Esa advertencia pone bajo escrutinio una decisión del Gobierno que, según el propio órgano encargado de organizar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales de 2028, también afecta el ejercicio de la democracia sustentada en el sistema de partidos.
Además, la JCE sostuvo que el recorte afectaría la planificación, la organización financiera, operativa, educativa y logística de las organizaciones partidarias, con consecuencias directas sobre el proceso comicial. El señalamiento cobra mayor peso porque, conforme al artículo 224 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral número 20-23, la contribución estatal en años no electorales como 2026 equivale a un 0.25 % de los ingresos nacionales, mientras que en la ley de Presupuesto General del Estado se consignó un 0.12 %.
El ajuste, estimado en unos RD$ 800 millones, ha sido justificado en medio de la necesidad de reunir RD$40,000 millones para mitigar la crisis generada por el aumento y la volatilidad en los precios del petróleo. No obstante, el propio texto subraya que el Gobierno no ha podido demostrar que ese recorte ayudaría significativamente a completar ese monto, lo que abre un contraste entre la urgencia fiscal alegada y el costo institucional advertido por la JCE.