La apuesta de Donald Trump por imponer aranceles masivos para reactivar la manufactura de Estados Unidos, reducir el déficit comercial y generar ingresos fiscales se topa con otro choque con la realidad. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles globales del 10 % impuestos el 24 de febrero y los calificó de «inválidos» y «no autorizados por la ley», en lo que supone el segundo gran revés judicial del año para esa política.
El impacto es mayor porque esos aranceles habían sido concebidos como reemplazo de los aranceles recíprocos más amplios que el Tribunal Supremo anuló a principios de 2026, una decisión que además obligó a la administración republicana a reembolsar 166 mil millones de dólares recaudados. Aunque el nuevo fallo solo concede por ahora una medida cautelar a dos pequeñas empresas importadoras y al estado de Washington, los aranceles continúan vigentes para el resto de los importadores y el caso todavía puede escalar de nuevo hasta el Supremo.
A la presión judicial se añade el coste económico y político. Según Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics, «los datos son definitivos; los aranceles han causado un daño significativo a la economía» de Estados Unidos. Entre los efectos señalados están el deterioro del empleo y la aceleración de la inflación, en un contexto de enfados internacionales incluso entre aliados cercanos y de creciente malestar entre votantes resentidos por la subida de precios.