La petición de tres meses de prisión preventiva contra la cantante urbana Ashley Mariel Sánchez Victorino, conocida como “Masha”, y otros dos jóvenes pone otra vez el foco en un problema que continúa llegando a los tribunales: la circulación de armas de fuego sin permiso legal. Tras la detención del 9 de mayo en la avenida Mella, en el sector Andrés de Boca Chica, el Ministerio Público sometió la solicitud luego de que los ocupantes de una yipeta Honda CRV blanca fueran arrestados durante un operativo.
Junto a Masha fueron apresadas Karla Julisa Rodríguez, de 19 años, quien conducía el vehículo, y Alexander Martínez Nolasco, de 18. De acuerdo con el expediente instrumentado por la fiscal Zayra Soto, en la requisa se ocuparon dos pistolas Glock calibre 9MM: una con su cargador y cuatro cápsulas, otra sin cargador, además de un cargador de 30 cápsulas con 10 municiones adicionales, colocado al lado de la palanca de cambios.
La acusación se apoyó en los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas y Municiones. El fiscal litigante Tito González afirmó que la prisión preventiva es la medida necesaria para evitar que los imputados evadan la justicia. Más allá del expediente, el caso vuelve a evidenciar la necesidad de vigilancia y de resultados efectivos frente al porte ilegal de armas, un asunto que mantiene bajo escrutinio la capacidad de respuesta de las autoridades.