El incremento de la alarma por los feminicidios vuelve a poner bajo la lupa la capacidad real de las autoridades para proteger a mujeres en riesgo. En República Dominicana, 32 asesinatos de género en los primeros cinco meses de 2026 evidencian que pedir ayuda no está garantizando una respuesta eficaz, en un contexto en el que las denuncias de potenciales víctimas han terminado sin la activación oportuna de resguardo.
El caso de Esmeralda Moronta resume ese contraste entre el deber institucional y el resultado final. Tras varios días de hostigamiento persistente, había denunciado por intención criminal a su expareja en una unidad del Ministerio Público, pero fue asesinada antes de recibir la protección que debía ampararla. El efecto social de estos fallos es doble: deja a las víctimas en mayor vulnerabilidad y alimenta la percepción de que acudir a la fiscalía puede no evitar una tragedia.
La secuencia no es aislada. El texto advierte que otros feminicidios también ocurrieron después de que las autoridades fueran alertadas de que las vidas de esas mujeres corrían peligro. A ello se suman más de veinte víctimas en el mismo lapso que no acudieron con querellas a los mecanismos de protección. El cuadro general refuerza una alerta institucional: cuando la respuesta llega tarde o nunca llega, se fortalece la presunción de impunidad de los agresores y queda pendiente una rendición de cuentas sobre por qué el sistema no está activándose a tiempo.