La eventual presentación de cargos contra Raúl Castro en Estados Unidos por el derribo de dos aeronaves civiles de “Hermanos al Rescate” vuelve a colocar en el centro una vieja demanda de responsabilidad por un hecho que dejó cuatro activistas muertos. Aunque el Departamento de Justicia no ha confirmado oficialmente la acusación, medios estadounidenses reportan avances en la preparación del caso y señalan que podría anunciarse durante un acto conmemorativo en Florida.
El episodio se produjo el 24 de febrero de 1996, cuando dos avionetas Cessna fueron interceptadas y derribadas por aviones militares MiG-29 de Cuba. En ese momento, Raúl Castro estaba al frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba bajo el gobierno de Fidel Castro. Las autoridades cubanas sostuvieron entonces que las aeronaves habían violado repetidamente el espacio aéreo nacional y constituían una amenaza; sin embargo, investigaciones posteriores de la Organización de los Estados Americanos concluyeron que los aviones fueron destruidos fuera del espacio aéreo cubano, lo que derivó en acusaciones de violación del derecho internacional.
La posible acusación surge mientras Washington endurece su presión sobre el gobierno cubano. En ese contexto, el caso vuelve a poner de relieve el contraste entre la versión oficial ofrecida entonces por La Habana y las conclusiones internacionales sobre lo ocurrido, reactivando el foco sobre las explicaciones pendientes y la responsabilidad por una acción militar que provocó condena inmediata.