Al llegar a 25 años de la promulgación de la Ley 87-01, que dio origen al Sistema Dominicano de Seguridad Social, el debate vuelve a enfocarse no solo en los cambios estructurales que introdujo, sino también en las deudas que conserva un modelo concebido para corregir un acceso limitado, fragmentado y desigual a la protección social. La normativa instauró un esquema basado en derechos, con vocación universal y reglas para la afiliación, el financiamiento y la prestación de servicios, tras un proceso impulsado por diversos sectores y encabezado por el entonces presidente Hipólito Mejía, junto a técnicos, legisladores, empleadores y representantes de los trabajadores.
Entre sus pilares figuran el Seguro Familiar de Salud, el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, y el Seguro de Riesgos Laborales, además de la institucionalización de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y de la Tesorería de la Seguridad Social. Aunque el texto resalta avances como la ampliación de la cobertura en salud puesta a disposición de la ciudadanía por el presidente Luis Abinader, así como mecanismos de regulación y supervisión que han contribuido a ordenar el sector y a una mayor transparencia, también admite que el sistema continúa enfrentando desafíos importantes.
Ese reconocimiento pone el foco en la reforma integral todavía pendiente y en la necesidad de fiscalizar si, después de un cuarto de siglo, la promesa de protección social con dignidad humana y bienestar colectivo se traduce plenamente en resultados para la gente. El balance deja así expuesto el contraste entre los logros institucionales y las tareas aún no resueltas en un sistema que sigue bajo presión para responder con mayor eficacia y equidad.