La denuncia de un hombre que aparece como fallecido en los registros de la Junta Central Electoral (JCE) vuelve a poner bajo la lupa la capacidad de respuesta institucional frente a errores que impactan de manera directa la vida de los ciudadanos. Según explicó en un audiovisual enviado a El Nuevo Diario, el origen del problema estaría en un supuesto error de digitación en la Oficialía de la Segunda Circunscripción de San Pedro de Macorís, una situación que, asegura, le ha generado graves consecuencias personales y económicas.
De acuerdo con su versión, la propia oficialía habría reconocido la equivocación. Indicó que un oficial civil dejó constancia por escrito de que debía corregirse el número de cédula “por ser lo correcto”, pero que esa modificación nunca se ejecutó en el sistema. Como consecuencia, dijo que tiene el seguro médico cancelado, cuentas bloqueadas y su identidad suspendida en distintas plataformas y servicios.
El denunciante afirmó que ha visitado más de 25 oficinas de la JCE sin obtener respuesta. “Estoy muerto para la JCE, pero vivo para todo lo demás”, manifestó en un video difundido en redes sociales, en el que pidió la intervención del Pleno del organismo. El caso vuelve a colocar el foco sobre fallas de gestión y seguimiento dentro de una institución clave, en medio de reclamos por correcciones oportunas y rendición de cuentas cuando un error administrativo termina paralizando derechos básicos.