A veinte años de la Ley 87-01, el sistema dominicano de pensiones muestra una expansión en la cobertura, un fondo acumulado de 1.3 millones de millones de pesos y financiamiento para 189 proyectos por 55,207 millones. Pese a ello, esos avances no se reflejan en una pensión suficiente para los cotizantes regulares ni para los trabajadores con aportaciones insuficientes, lo que vuelve a poner en duda la capacidad real del modelo para responder a lo que esperan los afiliados.
El balance presentado admite que, aunque el nuevo sistema llevó la cobertura del 9% al 95% de los trabajadores asalariados y para marzo de 2026 ya había concedido 37,562 pensiones, los logros “no garantizan una pensión suficiente”. Esa distancia entre la solidez financiera del fondo y el ingreso final que recibirían los trabajadores refuerza la presión para introducir cambios urgentes en un asunto de alto costo social para miles de afiliados.
Las Superintendencias de Pensiones y de Salud, por su parte, impulsan un anteproyecto de Reforma Integral del Sistema Dominicano de Seguridad Social. La iniciativa busca elevar la protección y la satisfacción de los afiliados, pero el propio texto señala que omite o pasa por alto aspectos esenciales, dejando abierta una discusión que demanda más fiscalización y rendición de cuentas sobre por qué, después de los recursos acumulados y del tiempo transcurrido, sigue pendiente duplicar las pensiones generales.