En Troy, Nueva York, la colocación no autorizada de 26 cámaras de vigilancia con inteligencia artificial abrió un choque político y civil que puso en primer plano la falta de controles sobre decisiones públicas sensibles. Vecinos descubrieron que la policía local había desplegado el sistema operado por Flock Safety sin el consentimiento del poder legislativo, en una ciudad de 52,000 habitantes donde el conflicto escaló hasta demandas judiciales entre autoridades locales.
La respuesta oficial, lejos de desactivar la controversia, terminó por agravar la crisis. Luego del rechazo del Ayuntamiento demócrata, que intentó bloquear el financiamiento del proyecto, la alcaldesa republicana Carmella Mantello declaró el estado de emergencia para mantener activas las cámaras. Los dispositivos capturan datos biométricos vehiculares avanzados, incluidas marcas, colores e imperfecciones en las carrocerías, y cruzan esa información con una base de datos de alcance nacional.
El caso también abrió un frente de fiscalización sobre el uso de fondos públicos. Las normas internas de Troy exigen autorización y escrutinio del Ayuntamiento para cualquier transacción que supere los $35,000, pero el departamento policial firmó de forma unilateral un contrato de $156,000 por dos años. Aunque el subjefe policial Steven Barker defendió la herramienta y sostuvo que ya fue usada en pesquisas de alta complejidad, el eje de la disputa quedó centrado en las explicaciones pendientes sobre vigilancia, legalidad y manejo del dinero público.