Una pesquisa de 17 meses encabezada por la fiscalía de Nueva York y la policía de la ciudad culminó con el arresto y la acusación formal de Jason Alvarez, de 47 años, residente en Queens, y Christopher Sanchez, de 43 años, con domicilio en Brooklyn, a quienes se señala por formar parte de una red dedicada a distribuir cargamentos de cocaína en Queens. El punto más delicado del expediente es que las operaciones de compra y venta se habrían realizado a muy poca distancia de una escuela primaria pública.
La acusación formal presentada por las autoridades incluye 65 cargos criminales. Durante los allanamientos se incautaron 93,831 dólares en efectivo, presuntamente relacionados con ganancias del narcotráfico, además de casi tres kilogramos de cocaína preparados para su comercialización minorista. En el caso intervinieron el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado (OCTF), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la DEA.
De acuerdo con las autoridades, a lo largo de los 17 meses de investigación se reunieron cientos de horas de vigilancia física y encubierta, junto con evidencia electrónica forense, entre ella geolocalización por GPS y chats interceptados en plataformas digitales. Aunque el operativo fue presentado como un golpe al crimen organizado local, el expediente también expone el riesgo que pudo sostenerse durante meses en el entorno de una escuela, un aspecto que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de vigilancia y control permanentes.