SANTO DOMINGO. – Luis Abinader llega este domingo a la mitad de su segundo mandato con un elemento que el Gobierno dominicano presenta como su principal carta: la estabilidad macroeconómica. Aun así, ese balance aparece acompañado por un contraste cada vez más evidente entre el discurso de gestión y los resultados que siguen sin resolverse en áreas sensibles, mientras sectores políticos y sociales mantienen sus críticas por promesas no cumplidas.
El presidente ha debido lidiar con la presión de la factura petrolera internacional, derivada de la guerra entre EE.UU. e Israel contra Irán, mediante subsidios para contener los combustibles, aunque durante su Gobierno esos precios han tocado niveles históricos. A ello se suma, según el politólogo Luis González, un crecimiento económico sostenido entre los primeros lugares de América Latina, pero con “algunas deficiencias”, un peso relevante del endeudamiento externo y “algunos escándalos de corrupción”. El analista también apuntó retrocesos en el servicio energético y en los servicios públicos.
A la lista de reclamos se añaden reformas que todavía no se concretan, como las modificaciones del Código de Trabajo, la reforma a la Policía Nacional, el Código Civil, la Seguridad Social y temas vinculados a la libertad de prensa. Si bien el 3 de agosto entró en vigor un nuevo Código Penal con penas más severas para la corrupción administrativa, feminicidios y violencia de género, el punto de fricción sigue siendo la distancia entre avances puntuales y una agenda de cambios que no termina de traducirse en resultados completos para la ciudadanía. En ese escenario, la fiscalización opositora gana espacio al poner el foco en rendición de cuentas, institucionalidad y costo social de una gestión que llega a su ecuador todavía bajo cuestionamientos.