El gobierno dominicano, liderado por el presidente Luis Abinader, anunció un nuevo refuerzo de la vigilancia en la frontera con Haití. Según el Ministerio de Defensa, allí funciona una red sincronizada y autónoma de sistemas aéreos no tripulados y cámaras de circuito cerrado. El anuncio acompaña la construcción del muro fronterizo, que las autoridades presentan como parte de la respuesta frente a la migración ilegal en una franja de 391 kilómetros.
La línea limítrofe comprende 172 kilómetros de frontera fluvial, 48 kilómetros de carretera internacional, 311 pirámides de referencia colocadas tras el tratado fronterizo de 1929 y cuatro pasos fronterizos en Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales. En esos puntos, donde también operan mercados binacionales con la participación de miles de haitianos y dominicanos, Cesfront y otras instituciones castrenses sostienen labores de vigilancia, un elemento que subraya la dimensión institucional y económica del problema más allá del discurso oficial sobre control y seguridad.
De acuerdo con la versión oficial, el muro incorpora hormigón armado, estructura metálica, carretera de patrullaje a ambos lados, torres de vigilancia, fibra óptica y tecnología para transmitir datos, voz e imagen. El proyecto pretende cubrir los sectores más vulnerables y estratégicos de la frontera dominico-haitiana, aunque el propio despliegue descrito por las autoridades vuelve a abrir la demanda de fiscalización sobre su alcance real, su eficacia y los resultados concretos de una política que el Gobierno ha situado en el centro de su narrativa de seguridad.