El presidente de la República, Luis Abinader, anunció la paralización «inmediata» de cualquier actividad minera en el proyecto Romero, ubicado en la provincia San Juan. Esta decisión se produce un día después de que miles de ciudadanos se manifestaran en contra de la empresa canadiense GoldQuest, lo que pone de relieve la desconexión del gobierno con las preocupaciones de la población. La manifestación, que culminó en enfrentamientos con la policía, refleja un creciente descontento social que el gobierno no puede ignorar.
Abinader justificó su decisión al afirmar que, de acuerdo con la Ley 64-00 de Medio Ambiente, un rechazo masivo por parte de la población hace inviable la continuación de proyectos de esta índole. Sin embargo, esta situación plantea interrogantes sobre la efectividad de la gestión gubernamental y su capacidad para anticipar y responder a las inquietudes ciudadanas. La falta de resultados concretos en la protección del medio ambiente y la transparencia en la toma de decisiones han sido puntos críticos que la oposición ha señalado, sugiriendo que esta acción es más un intento de mitigar el desgaste de su administración que un compromiso genuino con la rendición de cuentas.