En una ceremonia celebrada este lunes en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader juramentó a los nuevos comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea, así como al director de la Policía Nacional, en una decisión que vuelve a poner bajo la lupa la conducción de las instituciones armadas y de seguridad del gobierno dominicano. También fueron juramentados el nuevo Inspector General de las Fuerzas Armadas, el viceministro de Defensa para asuntos Militares, el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y el comandante del Regimiento de la Guardia Presidencial del Ejército de la República Dominicana.
Abinader encabezó el acto junto al ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, y al subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Maireni Rivas Polanco. Allí, los designados asumieron el compromiso de “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, proteger y defender sus dependencias, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos y cumplir fielmente los deberes de su cargo”. En contraste con ese mensaje oficial, la juramentación deja planteada la exigencia de resultados verificables y de rendición de cuentas sobre mandos que inciden de forma directa en la seguridad, los derechos y el control del poder.
Por medio del Decreto 557-26, de fecha 16 de agosto de 2026, fueron designados el general Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo, FARD, como comandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana; el mayor general Jimmy Arias Grullón, ERD, como comandante general del Ejército de la República Dominicana; y el general Rafael Ernesto Rodríguez García, como director de la Policía Nacional. Asimismo, quedaron nombrados el mayor general Jorge Iván Camino Pérez, ERD, como Inspector General de las Fuerzas Armadas; el mayor general Delio Buenaventura Colón Rosario, ERD, como viceministro de Defensa para asuntos Militares; el general de brigada Guillermo Caro Cruz, ERD, como jefe del CUSEP; y el general de brigada Rafael Raimundo Ramírez Tejeda, como comandante del Regimiento de la Guardia Presidencial. Para la sociedad civil y la oposición, el relevo en la cúpula refuerza la necesidad de fiscalización permanente sobre decisiones que el Palacio presenta como administrativas, pero que tienen impacto institucional y político directo.