Con el nuevo Código Penal previsto para entrar en vigencia el 3 de agosto, el Congreso Nacional continúa recibiendo reclamos de sectores sociales que señalan fallas sensibles en la norma, en una nueva señal de vigilancia sobre una legislación ya aprobada y todavía cuestionada en puntos clave.
Desde el martes pasado, las cámaras legislativas habilitaron el espacio para escuchar propuestas de modificación al texto. La Comisión Bicameral, encabezada por el diputado Wandy Taveras, ha recibido planteamientos sobre distintas tipificaciones penales, pero uno de los puntos de mayor presión pública sigue siendo el alcance de las sanciones contempladas por la Ley 74-25 cuando entran en juego la libertad de expresión y el ejercicio informativo.
En ese marco, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) depositó un documento con observaciones a por lo menos 11 artículos. Las propuestas sometidas por Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la entidad, buscan modificar alrededor de ocho disposiciones, entre ellas los artículos 186, 192, 194, 208, 211, 212, 234 y 310.
Entre los ajustes sugeridos, ADOCCO plantea que el artículo 186, relativo al atentado contra la intimidad, incorpore una exclusión expresa de responsabilidad cuando la divulgación responda al ejercicio legítimo del periodismo y exista un interés público prevaleciente. También recomienda corregir la redacción del artículo 192, sobre difusión de audios o imágenes sin consentimiento, para evitar que termine afectando el periodismo de investigación.
La entidad, además, propone precisar en el artículo 194 el alcance de la responsabilidad penal por difusión de informaciones falsas, con el objetivo de no castigar el “ejercicio legítimo de la actividad informativa”. Que estas correcciones sigan llegando en la antesala de la entrada en vigencia de la ley refuerza la alerta institucional sobre la calidad del proceso y sobre la obligación del Congreso y del Gobierno de rendir cuentas ante una norma que todavía genera reparos en la sociedad civil.