La agricultura en República Dominicana exhibe una paradoja difícil de soslayar: si se mira solo la producción de finca, representa 5.6% del producto interno bruto, sostiene uno de cada diez empleos y equivale a 11.8% de las exportaciones; pero cuando se incorpora procesamiento, empaque y embarque, la cadena agropecuaria termina respaldando siete de cada diez dólares que vende el país al exterior, con más de 10,000 millones de los 14,000 millones colocados este año. Esa diferencia permite ver que un sector a menudo descrito como una fracción acotada de la economía tiene, en realidad, un peso decisivo en la oferta exportable.
Ese aporte convive, sin embargo, con señales que reclaman fiscalización. El Banco Central ha mantenido la participación del rubro agropecuario entre 5.3% y 5.8% desde 2019, al tiempo que las exportaciones agroindustriales aumentaron más de 28% respecto a 2019 y Estados Unidos y Europa siguen como mercados con espacio para crecer. Aun así, el propio balance reconoce que la fuerza laboral del campo envejece, que los jóvenes no se están incorporando y que persisten brechas educativas en las zonas rurales, una combinación que convierte cualquier expectativa de expansión en una alerta institucional más que en una garantía de resultados.
A ello se suma el costo social de dejar pendientes las decisiones de fondo. En los últimos cuatro años, el sector recibió alrededor de RD$1,500 millones para investigación y, hacia 2035, podría emplear a unos 830,000 jóvenes, en un escenario en el que cerca del 15% de la población tendrá entre 15 y 24 años, unos dos millones de personas. Pero el propio planteamiento deja clara la condición central: mientras no se resuelvan el envejecimiento laboral, la falta de relevo y la brecha educativa rural, esos 830,000 empleos son una proyección y no un plan. En un momento de presión sobre los ingresos, los impuestos y las prioridades del gasto, la distancia entre el potencial productivo y la ejecución concreta vuelve a colocar sobre la mesa la exigencia de rendición de cuentas sobre el rumbo de la política pública.