El sistema de pensiones de capitalización individual en República Dominicana vuelve a quedar bajo escrutinio por el destino del ahorro de los trabajadores. De acuerdo con el informe Radiografía de la Seguridad Social: Resultados y Costo Social de las AFP 2025, de Francisco Alberto Tavárez Vásquez y Matías Bosch Carcuro, junto con dos trabajos publicados por Panorama, el modelo ha operado en beneficio de las AFP y de grupos empresariales con acceso a miles de millones del fondo previsional, mientras los afiliados permanecen al margen de las decisiones y reciben pensiones insuficientes.
Las tres fuentes, citadas en el texto original, coinciden en un punto central: el dinero de los cotizantes se ha convertido en capital barato, abundante y de bajo riesgo para grandes empresas y grupos corporativos, sin garantías suficientes ni transparencia para quienes aportan. Ese contraste entre el propósito de la seguridad social y el resultado descrito por los informes refuerza la presión por una fiscalización más estricta sobre las AFP y la SIPEN, señaladas en la pieza como parte de un esquema que prioriza la rentabilidad privada por encima de la protección previsional.
El señalamiento también abre una alerta institucional sobre los límites de la Ley 87-01 y sobre la distancia entre el discurso de desarrollo nacional y la realidad que enfrentan los trabajadores dentro del sistema. En un contexto de creciente demanda de rendición de cuentas, el caso alimenta reclamos de vigilancia desde la sociedad civil y da base a la oposición para insistir en reformas que devuelvan centralidad al afiliado, frente a un modelo cuestionado por su costo social y por el desgaste que acumula la gestión del sistema previsional.