La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) planteó la entrada en vigor del nuevo Código Penal como un cambio institucional de gran alcance, pero también como una alerta sobre los desafíos que siguen pendientes para asegurar seguridad jurídica, institucionalidad y competencia leal. En el Encuentro Industrial: Nuevo Código Penal, “Aportes al fortalecimiento de la seguridad jurídica y la competitividad”, la organización llamó al sector empresarial a alistarse ante las nuevas obligaciones que trae la legislación, sobre todo la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
En la jornada estuvieron la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, junto con representantes del sector industrial y empresarial. Allí, el presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, afirmó que el nuevo Código Penal deja atrás una normativa concebida hace más de un siglo, aunque advirtió que su alcance real dependerá de que se aplique con reglas claras, de forma previsible, proporcional y respetando el debido proceso. “La seguridad jurídica es una condición fundamental para invertir, producir, generar empleos y competir”, expresó.
Para el sector industrial, el debate va más allá de la modernización legal: la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas abre un nuevo escenario de riesgo penal empresarial y centra la atención en la capacidad institucional para aplicar la norma sin arbitrariedad. Así, la implementación del Código queda bajo escrutinio por sus efectos en la confianza, la competitividad y la rendición de cuentas en el entorno económico.