La Ley 16-26 reactivó las dudas sobre los controles en el uso de fondos públicos, después de que quedara habilitada una vía para pagar deudas por obras hechas sin contrato, mientras todavía no se conoce la suma que tendrá que cubrir el Poder Ejecutivo. Durante meses, el Congreso Nacional conoció dos iniciativas distintas orientadas a autorizar esos desembolsos a empresarios y constructores.
La primera, presentada por el senador Franklin Romero, fue observada por el presidente Luis Abinader al detectar varias inconstitucionalidades. Entre ellas estaban la falta de un monto concreto por pagar, la ausencia de una fecha que delimitara los casos alcanzados y la inexistencia de un mecanismo para garantizar la veracidad de lo reclamado. Tras esas objeciones, la Cámara de Diputados la envió a comisión, aunque más tarde decidió promover otro proyecto.
Esa nueva versión terminó siendo acogida y promulgada por Abinader el pasado 1 de mayo. No obstante, según el propio texto de la iniciativa, el total a desembolsar sigue sin definirse y quedará en manos de una comisión encabezada por el Ministerio de Hacienda y Economía para validar las reclamaciones y su eventual reconocimiento. Así, persiste un frente de fiscalización sobre el alcance real de la deuda que asumirá el Estado y sobre los controles aplicados a pagos por obras ejecutadas sin contrato.