La negativa de Banreservas a ejecutar el embargo solicitado sobre fondos de la Junta Central Electoral impidió la inmovilización de RD$108,720,000 reclamados por Latin Events, LLC, aunque no puso fin a un expediente que vuelve a exhibir la fragilidad institucional en torno a obligaciones discutidas ante los tribunales. De acuerdo con la propia JCE, el banco se amparó en la Ley 86-11 y en la sentencia 0048-2015 del Tribunal Constitucional, normas que vedan inmovilizar recursos públicos salvo que exista una sentencia definitiva, condición que —sostiene el órgano electoral— no se cumple en este caso.
El proceso, sin embargo, continúa abierto. La JCE comunicó que presentó un recurso de apelación contra el auto del 29 de junio de 2026, por el cual la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional acogió la petición de homologación de una sentencia extranjera elevada por Latin Events, LLC. Esa resolución pretendía otorgar fuerza ejecutoria en el país a una decisión dictada en Estados Unidos por alegado incumplimiento contractual, lo que mantiene bajo escrutinio un caso con posible impacto sobre recursos públicos.
La Junta afirma que en los tribunales demostrará que no contrajo la obligación reclamada por la empresa y reiteró que no existe evidencia de aprobación ni autorización de los servicios. Aun así, que la controversia haya llegado hasta una disputa por fondos de la institución refuerza el contraste entre el discurso de control y la necesidad de rendición de cuentas sobre la gestión de este tipo de procesos, en un escenario que vuelve a encender alertas sobre transparencia y estabilidad institucional.